La mesa / Guía: marco regulatorio 2026

El marco regulatorio del juego en línea en México: cronología 2023–2026

Por Andrés Villanueva

Actualizado: 21 de julio de 2026

El juego con apuesta en México se rige por una ley de 1947 y un reglamento de 2004, administrados por la Secretaría de Gobernación; el juego en línea existe jurídicamente como extensión de permisos presenciales, sin licencia digital propia. Sobre esa base envejecida se acumularon, entre 2023 y 2026, cuatro sacudidas: el decreto de noviembre de 2023 que cerró la puerta a nuevas sublicencias, las reformas de supervisión de 2025, el salto del IEPS al 50% del ingreso bruto desde enero de 2026 —extendido a operadores extranjeros— y la suspensión de bet365.mx y Betano.mx, dos marcas con permiso local. La conclusión editorial de la cronología: en el México de 2026, el permiso local no garantiza la disponibilidad del servicio, y la ausencia de permiso no está criminalizada para el jugador; ambos hechos definen el terreno que este sitio reseña.

¿Qué ley rige el casino en línea en México?

La norma de fondo es la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947, desarrollada por su Reglamento de 2004; la autoridad es la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, que otorga permisos y mantiene su registro público^[1]. No existe una licencia específica de juego en línea: los sitios locales operan como extensión digital de permisos concebidos para salas físicas. Esa arquitectura —una ley previa a la televisión regulando un mercado de teléfonos móviles— explica buena parte de las tensiones de la cronología.

El decreto de 2023 y las reformas de 2025

El decreto del 23 de noviembre de 2023 endureció el régimen en dos frentes: cerró la emisión de nuevas sublicencias y restringió las máquinas tragamonedas en salas, con un calendario de extinción de las existentes^[2]. La industria respondió con una ola de amparos que mantiene partes del decreto en litigio. En noviembre de 2025 llegó la segunda capa: reformas de supervisión con identificación biométrica de jugadores y controles reforzados contra el lavado de dinero, alineando el sector con los estándares que la banca ya soportaba^[3].

Para 2026 está anunciada una nueva Ley Federal de Juegos que sustituiría el marco de 1947. Su contenido final decidirá si el juego en línea obtiene por fin una figura jurídica propia; al corte de esta guía, el texto sigue en proceso legislativo.

El IEPS del 50% y su extensión a los operadores extranjeros

Desde el 1 de enero de 2026, el IEPS aplicable a juegos con apuesta subió del 30% al 50% del ingreso bruto de juego, y —novedad estructural— la obligación alcanza a los operadores extranjeros que sirven al mercado mexicano, con un mecanismo de bloqueo de sitios por incumplimiento fiscal^[4]. El diseño convierte a la autoridad tributaria en regulador de facto del segmento extraterritorial: donde la ley de 1947 no llega, llega el SAT.

Las consecuencias observables tardarán en decantarse, pero la dirección es clara: márgenes comprimidos para todos, incentivo a la salida del mercado para los operadores marginales y un instrumento de presión —el bloqueo— que ya no requiere reformar la ley del juego para activarse.

¿Por qué bloquearon bet365 y Betano en México?

Desde noviembre de 2025, bet365.mx y Betano.mx están suspendidos por decisión de las autoridades hacendarias, en el marco de una investigación sobre presunto lavado de dinero a través del permiso de Ganador Azteca, el permisionario local bajo el cual ambas marcas operaban; hacia julio de 2026, la Secretaría de Gobernación mantenía suspendidos una decena de casinos en línea^[5]. El caso sigue abierto y las marcas afectadas defienden su regularidad.

Para el lector, el episodio deja la lección más contraintuitiva de la cronología: dos de las marcas más establecidas del segmento con permiso desaparecieron del aire de un día para otro, mientras operadores extranjeros sin permiso siguieron accesibles. La licencia local protege al Estado antes que al usuario; la disponibilidad del servicio depende de variables que el permiso no controla. De ahí el enfoque de este sitio: medir operadores por su verificabilidad documental, no por la etiqueta de su licencia, como se explica en la metodología.

La posición jurídica del jugador

Jugar en un operador extranjero no constituye delito para el usuario mexicano: la ley sanciona la operación no autorizada, no la participación individual, y no existe una lista negra estatal de sitios prohibidos al público^[6]. La contrapartida es la desprotección: el usuario de un sitio sin permiso carece de vía de reclamación ante la autoridad mexicana, y cualquier disputa depende del propio operador y de su regulador de origen. Las obligaciones fiscales del jugador —el ISR sobre premios y su declaración— se responden en Preguntas de los jugadores; los canales por los que ese dinero entra y sale, en Pagos en México. La actividad es para mayores de 18 años; los recursos de ayuda constan en Juego responsable.